SLB, Baker Hughes y Halliburton confirmaron que no participarán ni tienen previsto participar de licitaciones para prestar servicios en proyectos hidrocarburíferos en las islas. La decisión se conoció después del decreto firmado por Javier Milei, mientras Navitas y Rockhopper ratificaron que continuarán con el proyecto Sea Lion.
Tres de las principales compañías de servicios petroleros del mundo confirmaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Javier Milei y la entrada en vigencia del Decreto 868/26.
La francesa SLB, y las estadounidenses Baker Hughes y Halliburton, comunicaron que no participan ni tienen previsto participar en licitaciones vinculadas con servicios para proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en las islas y sus espacios marítimos circundantes.
La decisión representa un primer efecto concreto de la nueva estrategia anunciada por el Gobierno argentino para intentar bloquear la participación de empresas que presten servicios a proyectos hidrocarburíferos desarrollados en las áreas que Argentina considera bajo su soberanía.
SLB confirmó que no participará de proyectos en Malvinas
SLB fue la primera de las grandes empresas en comunicar públicamente su posición.
“SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas”, señaló la compañía.
La empresa también extendió la aclaración a los espacios marítimos circundantes y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas argentinas.
SLB es una de las principales compañías globales de servicios para la industria energética. Tiene presencia en más de 100 países y desarrolla soluciones tecnológicas y digitales para el sector de petróleo y gas, además de iniciativas vinculadas con la transición energética.
Baker Hughes y Halliburton también se mantienen al margen
El canciller Pablo Quirno confirmó además que Baker Hughes y Halliburton tampoco participarán de operaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas.
Halliburton señaló que desarrolla sus actividades en cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina, mientras que Baker Hughes informó que no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.
La decisión fue destacada por YPF, que interpretó el posicionamiento de las tres compañías como una señal favorable para la Argentina.
“Que las principales compañías de servicios del mundo —SLB, Halliburton, Baker Hughes— sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante”, publicó la petrolera estatal.
El contraste con Sea Lion
Las tres compañías ya se habían mantenido al margen del proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos de exploración y explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto es impulsado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%.
A diferencia de las grandes empresas de servicios, las dos compañías que desarrollan Sea Lion ratificaron que continuarán adelante con el proyecto pese a las advertencias del Gobierno argentino.
Navitas y Rockhopper señalaron que las sanciones anunciadas por Milei no modificarán su cronograma.
De esta manera, el escenario presenta dos posiciones contrapuestas: mientras los principales proveedores internacionales de servicios petroleros evitan involucrarse en nuevas operaciones, las compañías que impulsan directamente Sea Lion sostienen su decisión de avanzar.
Qué cambió con el decreto de Milei
El nuevo escenario comenzó a tomar forma después de la cadena nacional que Milei brindó el jueves, en la que anunció medidas destinadas a reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las islas.
El decreto reglamentario establece que distintos organismos del Estado deberán enviar a la Cancillería información sobre posibles incumplimientos de la legislación para facilitar la aplicación de sanciones.
También incorpora declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y vinculados con el RIGI, con el objetivo de impedir que empresas que participen en la explotación de la Plataforma Continental sin reconocer la soberanía argentina puedan acceder a determinados mecanismos estatales.
El Gobierno busca además ampliar el alcance de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes participen de actividades hidrocarburíferas en áreas sobre las que Argentina sostiene derechos de soberanía.
La reforma anunciada por Milei apunta a endurecer las sanciones y extender las consecuencias penales y administrativas a empresas que presten servicios a compañías involucradas en esas actividades.
Ese punto resulta particularmente relevante para las grandes compañías internacionales de servicios petroleros, ya que su participación puede ser necesaria para distintas etapas de exploración y producción.
El Gobierno inició procedimientos contra 45 personas y empresas
En paralelo con la entrada en vigencia del nuevo decreto, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Según informó la Oficina del Presidente, las investigaciones no se limitarán a las compañías que desarrollarían directamente las actividades hidrocarburíferas.
El procedimiento también contempla a accionistas y empresas que hayan prestado servicios a esos proyectos.
El Gobierno sostiene que en los últimos años se profundizaron las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las islas y que esa situación requiere una respuesta estatal más amplia.
Más presencia militar y una nueva base naval
La ofensiva legal y económica anunciada por Milei forma parte de una estrategia más amplia sobre el Atlántico Sur.
El Presidente anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla modificar la Ley 26.659 y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
La iniciativa también incorpora un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco específico de protección aeroespacial y marítima.
En paralelo, el Gobierno anunció una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.
El objetivo declarado es convertir a la Argentina en un “polo logístico central del Atlántico Sur”.
La nueva política combina así herramientas diplomáticas, sanciones económicas y administrativas y una mayor presencia estratégica en la región.
Por ahora, la decisión de SLB, Baker Hughes y Halliburton constituye una señal concreta del impacto que puede tener el nuevo esquema sobre los proveedores internacionales, aunque el proyecto Sea Lion mantiene su hoja de ruta y sus desarrolladores aseguran que continuarán adelante con la explotación de hidrocarburos en las islas.
