El Gobierno recurrirá al mecanismo previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por el proyecto Sea Lion. Si Londres no detiene las actividades hidrocarburíferas dentro del plazo establecido, Argentina anticipó que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva por la explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas y anunció que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
El Presidente instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Ejecutivo para poner en marcha el mecanismo contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según informó oficialmente la Casa Rosada.
La medida tiene como objetivo impedir las actividades hidrocarburíferas que Argentina considera ilegítimas y evitar nuevas decisiones que puedan profundizar la controversia, entre ellas el otorgamiento de otros permisos para explotar recursos naturales en los espacios marítimos reclamados por el país.
Al mismo tiempo, Argentina intimó al Reino Unido a frenar las actividades vinculadas con Sea Lion y estableció un plazo de dos semanas. Si Londres no responde al requerimiento, el Gobierno anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para solicitar medidas provisionales.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, afirmó Milei al difundir la decisión.
Qué implica el arbitraje anunciado por Argentina
El procedimiento elegido por el Gobierno se encuentra previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tratado internacional aprobado por Argentina mediante la Ley 24.543.
El mecanismo permite que una parte someta una controversia a arbitraje mediante una notificación escrita dirigida a la otra parte, acompañada por una exposición de sus reclamos y de los fundamentos correspondientes.
La decisión abre así un nuevo frente en la estrategia argentina, que hasta ahora había concentrado buena parte de las acciones recientes en sanciones administrativas, denuncias judiciales contra compañías vinculadas con Sea Lion y gestiones diplomáticas.
El Gobierno ya había anunciado a comienzos de septiembre una batería de medidas contra las empresas involucradas en el proyecto y posteriormente presentó denuncias que alcanzaron a firmas vinculadas con la explotación.
La ofensiva también llegó a los tribunales argentinos. Los jueces federales Julián Ercolini y Ariel Lijo enviaron exhortos al Reino Unido e Israel para obtener información relacionada con las empresas que intervienen en Sea Lion.
Ahora, la Casa Rosada avanza sobre otro terreno al plantear directamente una controversia internacional con el Reino Unido bajo las disposiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar.
Sea Lion vuelve al centro de la disputa por Malvinas
El eje del reclamo es Sea Lion, el proyecto destinado a explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Para el Gobierno argentino, las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas para avanzar con la explotación carecen de validez porque no cuentan con autorización de Argentina. El Reino Unido sostiene una posición contrapuesta sobre la soberanía y la administración de las islas y sus aguas circundantes.
La Casa Rosada fundamentó su posición en las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa de soberanía.
Entre ellas se encuentra la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e instó a las partes a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
El Gobierno también invocó la Resolución 31/49, que pidió a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúa el proceso recomendado por Naciones Unidas. La existencia de la controversia y esas resoluciones forman parte de la posición histórica argentina sobre el archipiélago.
La nueva acción llega pocos días después de que Milei utilizara su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para colocar nuevamente a Malvinas entre los ejes de la política exterior.
Allí definió la cuestión como una “causa nacional”, pidió al Reino Unido retomar las negociaciones y anticipó que Argentina adoptaría medidas propias frente al avance de actividades que considera unilaterales.
El Gobierno también denunció vuelos entre Malvinas y Punta Arenas
La decisión sobre Sea Lion estuvo acompañada por otro frente de conflicto.
El Gobierno informó que detectó operaciones realizadas por Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, mediante una aeronave con matrícula británica y, según la posición argentina, sin autorización de las autoridades nacionales.
Milei ordenó iniciar de manera urgente procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las correspondientes gestiones diplomáticas.
El episodio incorpora así la conectividad aérea a una estrategia que durante las últimas semanas se había concentrado especialmente en la explotación de hidrocarburos.
El Gobierno amplía la estrategia por Malvinas
La decisión de avanzar con un arbitraje forma parte de una secuencia de medidas adoptadas durante septiembre.
El Ejecutivo comenzó con acciones contra empresas vinculadas con Sea Lion, avanzó con denuncias ante la Justicia argentina y modificó mecanismos administrativos para ampliar el control sobre compañías relacionadas con la explotación de recursos en las aguas circundantes a las islas.
A ello se sumó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro de Cancillería, destinado a coordinar las acciones de distintos organismos nacionales que puedan tener incidencia sobre los intereses internacionales argentinos y sobre el reclamo de soberanía por Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La nueva instancia lleva ahora el conflicto al terreno del derecho internacional. Argentina activará el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención sobre el Derecho del Mar y, en paralelo, dejó correr un plazo de dos semanas para que el Reino Unido frene las actividades cuestionadas.
Si Londres mantiene su posición, el siguiente movimiento anunciado por el Gobierno será solicitar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos soberanos que Argentina reclama sobre su plataforma continental.
