La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires estableció un freno a la incorporación irrestricta de inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial y comenzó a diseñar un marco regulatorio específico para su uso. El criterio central de la decisión es que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, por lo que la tecnología no podrá reemplazar la toma de decisiones judiciales.
La resolución se da en un contexto de expansión de la inteligencia artificial en distintos ámbitos del sistema productivo y estatal, incluyendo el análisis de grandes volúmenes de datos, la atención al público y la sistematización de jurisprudencia. En ese marco, la Corte advirtió sobre riesgos asociados a su utilización sin controles, como “alucinaciones”, sesgos en los resultados y contaminación de fuentes.
Según el expediente N° 3000-21862-2026, al que tuvo acceso este medio, el documento tiene carácter “orientador y no vinculante” hasta la aprobación de su versión definitiva. La iniciativa prevé la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, integrada por áreas técnicas y jurisdiccionales del tribunal.
Esa comisión funcionará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la elaboración de protocolos, la evaluación de herramientas tecnológicas, la implementación de pruebas piloto, el monitoreo de resultados y la elaboración de informes periódicos. Además, deberá producir un informe anual sobre el estado de implementación de la IA en el sistema judicial bonaerense.
El texto señala que el Poder Judicial provincial ya opera en un entorno digital, lo que permitiría avanzar hacia una incorporación “gradual, responsable y estratégica” de estas tecnologías.
En paralelo, el reglamento provisorio establece límites estrictos al uso de inteligencia artificial en procesos judiciales. “Bajo ninguna circunstancia se podrá delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico”, sostiene el documento.
El esquema también incorpora prohibiciones específicas, como el uso de sistemas predictivos de reincidencia cuando puedan influir en decisiones sobre libertad o prisión preventiva, la generación de “prueba sintética” mediante IA y la elaboración de pericias sin validación de un profesional habilitado.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según niveles de riesgo. Las herramientas de “bajo riesgo” incluyen tareas administrativas como transcripción de audiencias o corrección ortográfica. En cambio, los sistemas de “alto riesgo”, vinculados a interpretación normativa o predicción de decisiones judiciales, estarán sujetos a auditorías semestrales y a un “Análisis de Impacto Algorítmico” previo a su implementación.
El reglamento también establece obligaciones de transparencia para magistrados y funcionarios. Cada uso de IA generativa en la elaboración de documentos deberá quedar registrado en el expediente, incluyendo el sistema utilizado y las secciones intervenidas por tecnología, con el objetivo de garantizar el control de las partes.
En materia de protección de datos, la normativa remite a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y exige resguardar la confidencialidad, integridad y seguridad de la información en el tratamiento mediante sistemas de IA.
La resolución también dispone la apertura de una instancia de consulta pública dirigida a magistrados, abogados, académicos y actores del sistema judicial. El período permanecerá abierto hasta el 7 de agosto y permitirá la presentación de observaciones y propuestas.
Finalizada esa etapa, la Comisión de Gobernanza deberá evaluar los aportes y elevar un informe a la Suprema Corte antes del 31 de agosto. Hasta entonces, el documento mantendrá carácter orientador y no vinculante.
