La administración porteña oficializó un cambio estructural en su política social: dejar atrás el esquema de planes para avanzar hacia un modelo centrado en la capacitación y la inserción laboral formal. La medida fue dispuesta a través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y alcanzará a unas 5.000 personas, con un período de transición de un año.
El nuevo programa plantea un giro de paradigma: pasar de la asistencia directa a un esquema que promueve la autonomía económica a través del trabajo. En esa línea, se establecen pagos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.
Desde el Gobierno porteño sostienen que la iniciativa busca terminar con un sistema que, durante años, no logró mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de los beneficiarios. “Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. La única salida es el trabajo”, afirmó Macri.
Fin de intermediarios y control del sistema
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la eliminación de organizaciones como intermediarias en la asignación de recursos. A partir de ahora, los pagos serán directos a los beneficiarios, con criterios claros de elegibilidad vinculados a residencia, ingresos y situación socioeconómica.
Durante el proceso de revisión del sistema vigente, el Ejecutivo detectó 1.274 casos irregulares. Según datos oficiales, el esquema anterior implicaba un gasto anual cercano a los $10.000 millones y estaba compuesto por 85 convenios que serán dados de baja.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, aseguró que la medida forma parte de un cambio más amplio en la política social. “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”, señaló.
Capacitación obligatoria y vínculo con empresas
El programa se estructura sobre cuatro pilares: formación obligatoria, duración limitada, articulación con el sector privado y criterios estrictos de permanencia. Los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación educativa y laboral, y demostrar avances concretos para mantener la asistencia.
Además, el esquema tendrá una duración máxima de 12 meses, con el objetivo de funcionar como un puente hacia el empleo formal. En caso de incumplimiento de las condiciones, el beneficio será dado de baja.
Para facilitar la inserción laboral, el Gobierno firmó acuerdos con empresas y cámaras empresariales de distintos sectores, incluyendo servicios, salud, hotelería y mantenimiento. Entre ellas se encuentran Hilton, Farmacity, Limpiolux y Trasa.
Auditorías y cambios en comedores
La reformulación del sistema social se enmarca en una serie de auditorías realizadas por la gestión porteña. En el caso de los comedores, la implementación de un sistema digital de registro permitió detectar más de 5.000 raciones irregulares, así como beneficiarios fallecidos o con ingresos incompatibles con la asistencia.
Como resultado, se dispuso el cierre de 40 comedores y se avanzó en un esquema de control más estricto mediante el registro con DNI.
Con este conjunto de medidas, la Ciudad busca consolidar un modelo basado en la capacitación y el empleo como eje de la política social, con el objetivo de reducir la dependencia estatal y promover la inserción laboral sostenida.
