El avance del gobierno de Javier Milei sobre el régimen laboral volvió a reordenar el mapa de la oposición sindical y política. A pocas semanas de que el Congreso comience a debatir formalmente la reforma impulsada por la Casa Rosada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en una señal política que apunta a consolidar un frente común de resistencia frente a lo que definen como un cambio estructural “regresivo” para el mundo del trabajo.
El encuentro se produjo luego de reuniones similares con la CGT y se dio en un contexto que las centrales obreras describen como de “creciente conflictividad social”, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo que, según advierten, se ubica entre los más bajos de América Latina. Participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa y dirigentes sindicales de peso como Roberto Baradel (SUTEBA), Daniel Catalano (ATE Capital) y Pablo Maciel (CICOP).
La lectura compartida fue contundente. Para las CTA y el gobierno bonaerense, la reforma laboral no constituye un ajuste técnico sino “una ofensiva política” que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y trasladar riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores. En ese marco, Kicillof advirtió que el proyecto oficial también amenaza al entramado productivo de la provincia, en especial a las pymes industriales que concentran buena parte del empleo privado.
La reunión se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. En las últimas semanas, el gobernador mantuvo encuentros con otros mandatarios provinciales críticos de la iniciativa, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), además de dialogar con empresarios pymes y mostrarse junto a la conducción renovada de la CGT. El objetivo común es articular una estrategia que combine presión institucional y movilización social.
Desde las centrales sindicales coincidieron en avanzar con una doble vía: intervención en el Congreso para sumar a gobernadores y legisladores provinciales, y presencia sostenida en las calles. El antecedente inmediato fue la movilización del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales, que el sindicalismo busca transformar en una secuencia de acciones.
Las críticas al contenido del proyecto se profundizan. Yasky alertó sobre la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de cierres de pymes y caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi sostuvo que el desafío no se limita a frenar una ley puntual, sino a confrontar un modelo que combina ajuste, transferencia de recursos y debilitamiento de derechos laborales.
El rechazo también se replica a nivel regional. En Mar del Plata, la CGT local, las dos CTA y abogados laboralistas fijaron una posición unificada contra lo que calificaron como una “contrarreforma” alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí advirtieron que la iniciativa no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada laboral mediante figuras como el banco de horas y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.
Más allá del debate estrictamente laboral, en La Plata también se analizó el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a los sectores que no participaron en las últimas elecciones, con el objetivo de construir una alternativa frente al creciente malestar social.
Con el debate legislativo previsto para febrero y un clima social en tensión, el mensaje que surgió del encuentro fue claro: Kicillof busca ocupar un rol central en la articulación opositora a la reforma laboral del Gobierno, en sintonía con las centrales sindicales y sectores productivos. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una fórmula conocida: unidad, presión parlamentaria y calle.
