Como si se tratara de un tren bala, el Senado de la Nación comenzó este lunes el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, con la intención de dictaminar en los próximos días y llevar el proyecto al recinto el viernes 26. La discusión se desarrolla en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, que se constituyó desde las 9 de la mañana y arrancó con un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans.
La conformación de las comisiones que intervienen en el temario de las sesiones extraordinarias fue definida en una reunión de Labor Parlamentaria realizada ayer, donde el oficialismo y la oposición denominada “dialoguista” se repartieron la mayoría de los lugares. Esa decisión dejó en minoría al interbloque kirchnerista —rebautizado como “Popular”— y reeditó un escenario similar al de diciembre de 2023, cuando el espacio sufrió un revés en la distribución de poder interno.
En el tratamiento de la reforma laboral, la comisión de Trabajo será cabecera y estará presidida de manera excepcional por Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. El cuerpo está integrado por 17 senadores: cinco libertarios y siete potenciales aliados dialoguistas, lo que le da al oficialismo un margen para alcanzar las nueve firmas necesarias para un dictamen, ya sea en un despacho único o en varios. El kirchnerismo quedó con cinco lugares, no presentó sus nombres y generó revuelo, incluso con amenazas de judicializar la conformación.
Además de Bullrich, integran la comisión Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero. En paralelo, la comisión de Presupuesto y Hacienda continúa bajo la presidencia del oficialista Ezequiel Atauche, replicando una correlación de fuerzas similar.
Entre los funcionarios invitados a exponer figuran el secretario de Trabajo, Julio Cordero; la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos; y representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Javier Rufail y Agustín Rojo. Cordero fue el encargado de abrir el debate y sostuvo que “el empleo privado se encuentra estancado desde hace muchísimos años”, al tiempo que remarcó que el proyecto fue elaborado tras “un análisis muy profundo de cada artículo”.
Durante su exposición, el funcionario afirmó que se tuvo en cuenta especialmente la visión de las pymes y las dificultades derivadas de la litigiosidad y de las cargas laborales. “Para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla y debe haber reglas claras”, señaló, y subrayó que la iniciativa mantiene los derechos esenciales de los trabajadores, pero apunta a reducir costos que, según el diagnóstico oficial, empujan a la informalidad.
Más allá del clima inicial de debate, la pulseada parlamentaria se mantiene abierta. Desde hace semanas, la Casa Rosada y Bullrich negocian con aliados eventuales mediante intercambios de borradores y sugerencias, con el objetivo de evitar dictámenes en disidencia o modificaciones de último momento en el recinto, un escenario que preocupa al oficialismo por el apuro en los tiempos.
En simultáneo, otro plenario de comisiones —Ambiente y Minería— comenzará a analizar los cambios que el Ejecutivo impulsa sobre la Ley de Glaciares. En Diputados, en tanto, el oficialismo se prepara para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026 y el proyecto de “inocencia fiscal”. La hoja de ruta de Bullrich apunta a dictaminar la ley de gastos este viernes y llevar todo al recinto el 26, aunque no se descarta que alguna demora estire el calendario hasta el lunes 29, al filo del cierre de las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 30 de diciembre.
Con 21 senadores propios, La Libertad Avanza necesita sumar el respaldo de los 10 legisladores de la Unión Cívica Radical, los tres del PRO y un puñado de representantes provinciales. Un esquema ajustado que anticipa negociaciones intensas y un desenlace incierto en una de las reformas estructurales clave para el Gobierno libertario.
