El Gobierno nacional firmó el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, y presentó la adjudicación como el inicio de una “nueva era de gestión privada”. La concesión quedó en manos del consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y Servimagnus. Sin embargo, el cierre del proceso volvió a poner bajo la lupa una licitación que estuvo rodeada de cuestionamientos técnicos, denuncias por presunto direccionamiento y críticas a las condiciones establecidas en los pliegos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía de la Nación aseguró que la adjudicación fue el resultado de un proceso “transparente” y participativo, con intervención de usuarios privados, provincias ribereñas y organismos internacionales. No obstante, distintos actores del sector habían advertido durante el desarrollo de la licitación sobre supuestas restricciones a la competencia y posibles conflictos de interés.
Una vía estratégica para el comercio exterior
La Hidrovía constituye una de las principales infraestructuras logísticas del país. Por ese corredor fluvial circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, especialmente las exportaciones de granos, subproductos agroindustriales y otros bienes destinados a los mercados internacionales.
Por ese motivo, la adjudicación tiene un fuerte impacto económico y estratégico, ya que definirá durante los próximos años la operación, el dragado y el balizamiento del principal canal de salida de las exportaciones argentinas.
Las críticas al proceso licitatorio
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al diseño del pliego de licitación. Según distintas objeciones planteadas durante el proceso, las condiciones técnicas y administrativas habrían favorecido al consorcio finalmente adjudicatario frente a otros competidores.
Las críticas también alcanzaron los plazos establecidos para presentar ofertas, considerados insuficientes por algunas empresas interesadas debido a la complejidad técnica y económica del proyecto.
A ello se sumaron observaciones sobre el funcionamiento de la Comisión Evaluadora y el sistema de puntajes utilizado para calificar las propuestas, que según los cuestionamientos terminó otorgando una ventaja competitiva a la oferta ganadora.
El costo para impugnar la licitación
Otro de los aspectos que generó controversia fue el mecanismo previsto para presentar impugnaciones durante el proceso.
De acuerdo con las condiciones de la licitación, las empresas debían abonar un monto de 10 millones de dólares, no reembolsable, para cuestionar formalmente alguna de las etapas del procedimiento. Diversos actores del sector consideraron que ese requisito funcionó como una barrera económica que limitó la posibilidad de realizar planteos administrativos.
En su comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que no hubo impugnaciones por parte de los participantes y utilizó ese argumento como respaldo de la transparencia del proceso.
La discusión sobre los costos
El Gobierno afirmó que la nueva concesión permitirá reducir un 13,5% el valor del peaje de la Hidrovía y avanzar con obras de profundización del canal, incorporación de tecnología, mejoras en seguridad de la navegación y una reducción de los costos logísticos para las exportaciones.
Sin embargo, durante la licitación la empresa DEME NV sostuvo que el precio base fijado por el Estado implicaba un sobrecosto logístico cercano al 17% para el transporte de cargas.
La compañía aseguró además que estaba en condiciones de presentar una propuesta con menores costos para los usuarios, aunque finalmente el Ejecutivo avanzó con la adjudicación del contrato.
Posibles derivaciones judiciales
Más allá de la firma del contrato, las controversias que rodearon el proceso podrían trasladarse ahora al plano judicial.
Las denuncias presentadas durante la licitación abarcan presuntos conflictos de interés, condiciones restrictivas para la competencia, cuestionamientos al sistema de evaluación de ofertas y observaciones sobre la utilización de respaldos técnicos atribuidos a organismos internacionales.
Con la concesión ya formalizada, la nueva etapa de gestión privada de la Hidrovía comienza mientras continúan abiertas las discusiones sobre la transparencia y el diseño de uno de los procesos licitatorios más relevantes para la infraestructura logística argentina.
