Mientras continúa el debate legislativo sobre la denominada Ley Hojarasca, el Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de desregulación al derogar 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y distintos programas de consumo. La medida fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Javier Milei para reducir regulaciones consideradas obsoletas o sin vigencia efectiva.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que muchas de las normas eliminadas habían quedado sin sustento jurídico luego de la derogación o modificación de marcos regulatorios como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la normativa que dio origen al Observatorio de Precios.
Qué normas derogó el Gobierno
Según explicaron desde el área económica, la revisión alcanzó disposiciones vinculadas al control de precios, requisitos informativos para la comercialización de bienes, procedimientos de autorización de importaciones, programas de financiamiento al consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
Entre las principales derogaciones figuran:
- Veintidós normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.
- Treinta resoluciones relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple.
- Cuatro normas que obligaban a colegios privados a informar anticipadamente modificaciones en sus aranceles.
- Una disposición complementaria del programa Precios Cuidados.
- Una normativa vinculada a mecanismos de atención para adolescentes consumidores que, según el Gobierno, duplicaba estructuras ya existentes.
También quedaron sin efecto las resoluciones 355/2022 y sus modificatorias, relacionadas con controles de precios; las resoluciones 426/2022 y 296/2023 sobre requisitos de información comercial; y distintas normas vinculadas a autorizaciones de importación, programas de consumo y regulaciones heredadas de gestiones anteriores.
Los argumentos oficiales
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno afirmó que la acumulación de normas durante años generó superposiciones, contradicciones y dificultades para determinar cuáles continúan vigentes.
“La proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas”, sostiene el texto oficial, que además advierte que esa situación genera incertidumbre jurídica para ciudadanos y empresas.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la simplificación regulatoria busca brindar mayor previsibilidad, reducir costos administrativos y facilitar la interpretación del marco legal vigente.
La decisión forma parte de una revisión más amplia que, según fuentes oficiales, continúa analizando cientos de resoluciones y disposiciones para determinar cuáles conservan utilidad práctica y cuáles deberían ser eliminadas.
La Ley Hojarasca, el próximo paso
La derogación de estas normas se produce en paralelo al avance legislativo de la llamada Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ya obtuvo media sanción y propone eliminar o modificar más de 70 leyes vigentes.
El proyecto apunta a reducir lo que el oficialismo considera una excesiva acumulación normativa y plantea una revisión integral de leyes consideradas obsoletas, redundantes o incompatibles con el actual marco regulatorio.
Entre los principales ejes de la iniciativa se destacan:
- La derogación de normas sancionadas décadas atrás que ya no tendrían aplicación práctica.
- La eliminación de leyes reemplazadas por regulaciones posteriores.
- La supresión de marcos regulatorios que quedaron desactualizados por los avances tecnológicos.
- La eliminación de organismos, fondos y estructuras estatales consideradas innecesarias o superpuestas.
- La revisión de beneficios sectoriales específicos.
- La simplificación de trámites administrativos para ciudadanos y empresas.
Menos regulaciones y más libertad económica
Uno de los principios centrales de la Ley Hojarasca es avanzar hacia un esquema de “máxima libertad”, bajo la premisa de que los ciudadanos y las empresas deben poder desarrollar sus actividades sin restricciones que no estén expresamente justificadas por la ley.
Desde el oficialismo sostienen que el exceso regulatorio acumulado durante décadas elevó costos, ralentizó procesos administrativos y generó barreras para la actividad privada.
En ese contexto, la eliminación de las 58 normas es presentada como una señal de continuidad de la política de desregulación económica iniciada por el Gobierno desde el comienzo de la gestión.
El desafío para las empresas
La apuesta oficial es que la reducción del entramado regulatorio contribuya a mejorar el clima de negocios, simplificar procedimientos y acelerar decisiones de inversión.
Sin embargo, el impacto concreto de estas medidas dependerá de cómo se traduzcan en la operatoria cotidiana de empresas, comercios y consumidores.
Mientras el Gobierno busca consolidar la “limpieza normativa” como uno de los pilares de su programa económico, el debate sobre la Ley Hojarasca aparece como el próximo capítulo de una estrategia orientada a reducir la intervención estatal y redefinir el marco regulatorio de la actividad económica en Argentina.
