El organismo sostuvo que los subsidios generalizados son “ineficientes y costosos” y recomendó reemplazarlos por transferencias focalizadas. En el AMBA, una familia sin subsidios necesitó $268.405 en septiembre para pagar energía, transporte y agua.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó los subsidios generalizados a los servicios públicos y recomendó reemplazarlos por mecanismos de asistencia focalizada, una posición que coincide con la política aplicada por el Gobierno de Javier Milei para reducir las transferencias destinadas a contener las tarifas de energía y transporte.
El planteo aparece mientras el costo de los servicios públicos registra una fuerte recomposición en la Argentina. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumuló un incremento del 867%, frente a una suba estimada del 254% en el nivel general de precios durante el mismo período, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el Conicet.
En septiembre, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $268.405 mensuales para afrontar los gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte.
Pese al incremento acumulado, las tarifas que pagan los hogares todavía cubren, en promedio, el 54% del costo de los servicios, mientras que el Estado absorbe el 46% restante.
El FMI recomienda reemplazar los subsidios por transferencias directas
El planteo del organismo surge del capítulo 2 de su informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), dedicado a analizar qué políticas resultan más efectivas para proteger a los hogares frente a aumentos pronunciados en alimentos y energía.
Según el FMI, las crisis del costo de vida golpean con mayor intensidad a las familias de menores ingresos, reducen el salario real y pueden generar efectos persistentes sobre las expectativas de inflación.
Frente a esos episodios, numerosos gobiernos recurren a subsidios generalizados o controles de precios. El organismo considera, sin embargo, que esos mecanismos tienen un costo fiscal elevado y presentan dificultades para dirigir la ayuda hacia los sectores que realmente la necesitan.
Los cálculos presentados por el Fondo indican que proteger a los hogares vulnerables mediante subsidios al consumidor puede costar entre tres y seis veces más que hacerlo mediante asistencia directa.
La diferencia es todavía mayor cuando los subsidios se otorgan a los productores. En esos casos, el costo puede ser entre 14 y 22 veces superior al de las transferencias focalizadas.
El FMI también señala que los subsidios a la energía y los combustibles suelen beneficiar proporcionalmente más a los hogares de mayores ingresos debido a sus niveles de consumo.
En los países analizados, menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidios energéticos terminaron beneficiando al 20% más pobre de la población.
El organismo propone una asistencia temporal y focalizada
La alternativa recomendada consiste en utilizar los sistemas de protección social existentes para realizar transferencias temporales dirigidas específicamente hacia los sectores de menores ingresos.
El objetivo es amortiguar el impacto de los aumentos de precios sin trasladar al Estado el costo de subsidiar el consumo de toda la población.
La recomendación resulta consistente con el proceso de segmentación tarifaria aplicado en la Argentina, que busca reducir progresivamente los subsidios generalizados y concentrar la asistencia estatal en los hogares considerados vulnerables.
El FMI también cuestionó las respuestas basadas en una indexación generalizada de ingresos. Según el organismo, los países emergentes suelen responder a los episodios inflacionarios mediante actualizaciones de salarios mínimos, remuneraciones públicas y jubilaciones.
Cuando esas medidas se aplican sin suficiente espacio fiscal, advirtió, pueden incrementar el gasto público y contribuir a mantener la inercia inflacionaria.
Gas y transporte encabezaron los aumentos desde 2023
El proceso de reducción de subsidios tuvo un impacto significativo sobre las facturas que afrontan los hogares argentinos.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios, el gas natural acumula desde diciembre de 2023 un incremento superior al 1.600% en el AMBA, mientras que el transporte aumentó cerca del 1.500%.
El conjunto de los servicios públicos subió 867% durante ese período, más de tres veces el incremento estimado del nivel general de precios.
La comparación también muestra un aumento del peso de las tarifas sobre los ingresos familiares.
En septiembre, la canasta de servicios públicos representó aproximadamente el 14,6% de un salario promedio registrado estimado en $2.024.647. A fines de 2023, esa proporción se encontraba por debajo del 6%.
Esto implica que, aunque el ajuste tarifario permitió reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas, los hogares deben destinar actualmente una proporción considerablemente mayor de sus ingresos al pago de los servicios.
El Estado todavía cubre casi la mitad del costo
La recomposición tarifaria tampoco eliminó completamente las transferencias estatales.
El Observatorio estima que los usuarios del AMBA pagan actualmente tarifas que cubren, en promedio, el 54% del costo real de los servicios públicos. El 46% restante continúa siendo financiado por el Estado.
El dato refleja la magnitud del desafío que enfrenta el Gobierno para continuar reduciendo los subsidios sin profundizar el impacto sobre los ingresos de los hogares.
La recomendación del FMI apunta precisamente a esa transición. El organismo propone abandonar progresivamente los mecanismos universales y concentrar los recursos públicos en transferencias directas o tarifas sociales dirigidas a los sectores vulnerables.
El debate pasa así de cuánto subsidiar a quién debe recibir la asistencia estatal, en un contexto en el que la reducción de las transferencias permitió acercar las tarifas a sus costos, pero también elevó considerablemente el peso de los servicios públicos sobre los presupuestos familiares.
