La Cámara de Diputados se prepara para debatir uno de los proyectos económicos más ambiciosos impulsados por la administración de Javier Milei. Se trata del denominado Súper RIGI, una iniciativa que apunta a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales de alto valor agregado mediante un esquema de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios con vigencia de hasta 30 años.
La propuesta forma parte de la estrategia oficial para posicionar a la Argentina como un destino competitivo para el desarrollo de industrias de frontera y complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado durante el primer año de gestión libertaria.
Un régimen para industrias que aún no existen en el país
A diferencia del esquema vigente, el nuevo régimen estará orientado exclusivamente a actividades que no cuentan actualmente con desarrollo comercial significativo en el territorio nacional o que permanecen en etapas experimentales.
El proyecto contempla incentivos para sectores vinculados a la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital, las baterías de litio, el hidrógeno de bajas emisiones, los pequeños reactores nucleares, la movilidad eléctrica, la petroquímica de nueva generación y la industria aeroespacial.
La intención del Gobierno es generar condiciones similares a las que ofrecen otros países para captar capitales destinados a actividades consideradas estratégicas para las próximas décadas.
Beneficios fiscales y estabilidad por tres décadas
Entre los principales incentivos previstos figura una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, la amortización acelerada de inversiones, exenciones arancelarias para importaciones y exportaciones vinculadas a los proyectos y un régimen especial de acceso al mercado de cambios.
Además, las empresas que ingresen al esquema contarán con estabilidad fiscal y regulatoria durante 30 años, uno de los puntos que el oficialismo considera clave para brindar previsibilidad a inversiones de largo plazo.
La iniciativa también incorpora mecanismos específicos para la resolución de controversias y garantías jurídicas destinadas a reducir riesgos para los inversores internacionales.
Inversiones de al menos US$1.000 millones
El acceso al régimen estará reservado para emprendimientos de gran magnitud.
Según el texto, los proyectos deberán comprometer inversiones mínimas de US$1.000 millones y canalizarse a través de vehículos empresariales exclusivos creados para cada desarrollo.
Además, se exigirá que una parte significativa de esos desembolsos se concrete durante los primeros años de ejecución.
El Gobierno sostiene que los requisitos buscan asegurar que los beneficios queden reservados para iniciativas capaces de generar un impacto estructural sobre la economía, el empleo y las exportaciones.
Adhesión de provincias y municipios
Otro aspecto central de la propuesta es que las provincias y municipios deberán adherir formalmente al régimen para que los proyectos radicados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales.
La intención oficial es evitar que regulaciones locales alteren las condiciones ofrecidas por el programa y garantizar un marco homogéneo para los inversores.
Este punto ya genera debate entre algunos sectores políticos y gobernadores, que observan con cautela el alcance de los compromisos que deberían asumir las jurisdicciones subnacionales.
Avance legislativo y respaldo parlamentario
El proyecto logró avanzar en comisión con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, el MID y representantes de bloques provinciales.
Durante el tratamiento parlamentario se incorporaron modificaciones vinculadas a incentivos de inversión, requisitos de registración y precisiones regulatorias. En total, el texto recibió más de sesenta firmas de apoyo.
La principal oposición provino de Unión por la Patria, que cuestionó el alcance de los beneficios otorgados a grandes grupos económicos y advirtió sobre posibles impactos fiscales a largo plazo.
Otra prioridad económica: el acuerdo con fondos holdouts
En paralelo, el oficialismo también avanzó con otro proyecto considerado estratégico para mejorar la relación financiera internacional del país.
Se trata de la autorización para cancelar una deuda de aproximadamente 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, acreedores remanentes de los litigios originados tras el default de 2001.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y busca evitar nuevas acciones judiciales en Estados Unidos que podrían derivar en embargos sobre activos argentinos.
La apuesta oficial
La Casa Rosada aspira a llevar ambas iniciativas al recinto durante una sesión especial prevista para las próximas semanas.
Para el Gobierno, el Súper RIGI representa una herramienta central para atraer inversiones vinculadas a la economía del conocimiento, la transición energética y las tecnologías avanzadas. El objetivo es generar nuevas exportaciones, incrementar el empleo calificado y diversificar una matriz productiva históricamente concentrada en sectores tradicionales.
La discusión en Diputados marcará un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de desarrollo económico que impulsa la gestión de Milei y sobre el papel que deben desempeñar los incentivos estatales para atraer inversiones de largo plazo en sectores estratégicos.
