La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y reclamar la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación fue realizada mediante una comunicación individual en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, luego de que la defensa considerara agotadas todas las instancias judiciales disponibles en Argentina.
Según el escrito, el proceso judicial tuvo como finalidad impedir la participación electoral de la exmandataria y vulneró diversas garantías previstas en el derecho internacional. Entre las medidas cautelares solicitadas figura la suspensión inmediata de la inhabilitación perpetua mientras el organismo internacional analiza el caso.
La defensa sostiene que existió una persecución política
En la presentación, los abogados de Cristina Kirchner argumentan que el juicio por la causa Vialidad constituyó una violación de múltiples derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El documento sostiene que el proceso tuvo como objetivo impedir futuras candidaturas de la exjefa de Estado y afirma que la inhabilitación perpetua representa una restricción indebida de sus derechos políticos.
Además, cuestiona la legalidad de la condena al señalar que se le atribuyó responsabilidad por actos administrativos que, según la defensa, no le correspondían constitucionalmente. También sostiene que la sentencia tomó como fundamento el Decreto 54/2009, una norma que continúa vigente, y denuncia que durante el proceso se limitaron las posibilidades de ejercer una defensa adecuada.
Denuncian falta de imparcialidad y “forum shopping”
Otro de los ejes centrales de la presentación apunta al funcionamiento de los tribunales que intervinieron en la causa.
La defensa afirma que no actuaron los jueces naturales del expediente y denuncia la existencia de mecanismos irregulares de asignación de causas, conocidos como “forum shopping”. Asimismo, sostiene que jueces y fiscales mantenían vínculos personales con dirigentes políticos opositores y que ello comprometió la imparcialidad del proceso.
El escrito también cuestiona el respeto al principio de presunción de inocencia. Según la presentación, desde el inicio del expediente existió una presunción de culpabilidad y se menciona además que el presidente Javier Milei habría realizado declaraciones públicas vinculando la condena con una decisión impulsada desde su gestión.
Críticas al proceso judicial y a la revisión de la condena
La denuncia presentada ante Naciones Unidas también cuestiona el desarrollo del juicio oral y las instancias posteriores de revisión.
Entre los argumentos expuestos, la defensa sostiene que se incorporaron pruebas provenientes de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción, que la acusación accedió a documentación que fue negada a los abogados de la expresidenta y que existieron limitaciones relevantes para ejercer plenamente el derecho de defensa.
Respecto de la revisión judicial, afirma que la Cámara Federal de Casación Penal no analizó de manera efectiva los planteos formulados y que las instancias superiores no realizaron un control suficiente sobre la condena.
También invoca una violación del principio de ne bis in idem, al sostener que 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido analizadas anteriormente en expedientes que concluyeron con archivos o sobreseimientos.
Cuestionamientos a la Corte Suprema y pedido de cambios en la prisión domiciliaria
La presentación también dirige críticas contra la actual integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según la defensa, la composición reducida del tribunal, con tres integrantes, impide garantizar un recurso judicial efectivo e independiente. Además, sostiene que uno de los jueces recusados intervino en la resolución sobre su propia recusación.
El escrito recuerda que Cristina Kirchner agotó todas las vías judiciales disponibles —incluidos los recursos ante la Corte Suprema—, por lo que considera habilitada la competencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Junto con la suspensión de la inhabilitación perpetua, la exmandataria también solicitó modificaciones en las condiciones de su prisión domiciliaria. Entre los pedidos figuran el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones para recibir visitas, un mayor acceso al aire libre, un trato equivalente al de otras personas bajo prisión domiciliaria y el cese de medidas que considera discriminatorias o degradantes.
