Impulsado por su victoria en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei anunció el inicio de una nueva fase de reformas estructurales orientadas a “modernizar” la economía argentina. En una entrevista televisiva, el mandatario anticipó que el primer paso será la reforma laboral, seguida de una reforma tributaria que buscará reducir la presión impositiva y formalizar el empleo.
“Tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible y hacer que no tenga sentido la evasión. Antes debe haber una modernización laboral, que no implica pérdida de derechos”, señaló el jefe de Estado al día siguiente de los comicios.
Durante la misma exposición, lanzó una advertencia a los gremios: “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”. El esquema, explicó, se apoya en tres pilares: equilibrio fiscal, reducción del gasto público y flexibilización laboral.
Un proyecto basado en la ley de Romina Diez
La propuesta del Ejecutivo retomará la iniciativa presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, dirigente cercana a Karina Milei. El texto, titulado Ley de promoción de inversiones y empleo, reemplazará a la versión original incluida en la Ley Bases, de la que se habían eliminado más de 40 artículos durante las negociaciones parlamentarias.
El proyecto propone incentivos fiscales para pymes y habilita mayores márgenes de flexibilidad laboral mediante convenios colectivos. Entre sus principales puntos, contempla la fragmentación de vacaciones, la implementación de bancos de horas, y nuevas pautas para licencias por enfermedad o accidente.
A diferencia de versiones previas, el texto no toca la recaudación sindical ni la democracia interna de los gremios, temas que habían generado tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT) y que quedaron fuera tras la tregua alcanzada en 2024.
Continuidades del DNU 70/23
La nueva iniciativa recupera varios elementos del capítulo laboral del DNU 70/23, actualmente suspendido por la Justicia laboral y pendiente de revisión por la Corte Suprema. Entre los puntos más controvertidos figuran:
- Extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas.
- Pago parcial del salario mediante vales o tickets.
- Indemnizaciones y multas judiciales abonables en hasta 12 cuotas.
En paralelo, el secretario de Trabajo Julio Cordero confirmó que el Gobierno busca revisar los convenios colectivos y limitar la ultraactividad, principio que mantiene vigentes los acuerdos vencidos. La intención es orientar las negociaciones salariales “por empresa y productividad”, replicando esquemas utilizados durante los años noventa.
Cordero, exejecutivo del Grupo Techint y colaborador en la redacción del DNU 70/23, responde directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y es una de las figuras clave del rediseño laboral.
Rechazo sindical y negociación política
La CGT reiteró su oposición frontal a la iniciativa. “La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la ratificación del DNU 70/23, decisión inconsulta y rechazada por nuestra central”, expresó Gerardo Martínez (UOCRA) en un comunicado público.
Aun así, el oficialismo buscará canalizar el debate a través del Consejo de Mayo, instancia donde confluyen empresarios y sindicalistas —entre ellos Martín Rappallini, titular de la UIA— para discutir eventuales consensos.
Objetivos económicos y proyección política
Para Milei, la reforma laboral es condición necesaria antes de avanzar con la tributaria. Su meta es integrar a la economía formal a más de ocho millones de trabajadores informales, reduciendo los costos de contratación y estimulando la inversión privada.
“Esta transformación marca el fin de un modelo que destruyó la cultura del esfuerzo y del mérito”, sostuvo el Presidente.
Con el impulso político de los comicios y el respaldo legislativo de La Libertad Avanza, el Gobierno se dispone a impulsar una de las reformas más ambiciosas desde el retorno democrático, que podría redefinir la estructura del mercado laboral argentino en las próximas décadas.
