El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un aumento del 84,21% en la jubilación mínima provincial, que pasará de $380.000 a $700.000, y el pago de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes inferiores a $1.300.000. La medida fue comunicada a través de un mensaje grabado publicado en la red social X, donde el mandatario explicó que la mejora es posible gracias a fondos girados por el Gobierno nacional, como parte del acuerdo alcanzado tras una disputa judicial por la deuda con la Caja de Jubilaciones cordobesa.
La decisión llega en un momento político clave: Córdoba lidera, junto a otras provincias, el reclamo por mayores recursos para los sistemas previsionales no transferidos y al mismo tiempo impulsa, en el Congreso, la sanción de una ley que actualice jubilaciones, prorrogue la moratoria y declare la emergencia en discapacidad.
“He tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado gane menos de $700.000. Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos”, afirmó Llaryora, quien aseguró que el dinero se destinará a los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Una disputa de larga data
El conflicto por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones de Córdoba se arrastra desde 1996, cuando la provincia decidió no transferir su sistema previsional a la Nación. Desde entonces, debe cubrir con recursos propios el déficit previsional, mientras que la Ley 27.260 obliga al Estado nacional a compensar a las provincias no adheridas.
Durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández, Córdoba denunció demoras en el envío de fondos. Pero la situación se agravó a partir de diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei, quien suspendió todas las transferencias bajo el argumento de que primero debía auditar los ejercicios anteriores.
Ante la falta de avances, Llaryora acudió a la Corte Suprema, que convocó a una audiencia de conciliación en abril. Allí, el Ejecutivo nacional reconoció la deuda y propuso girar $60.000 millones en 12 cuotas mensuales como solución transitoria, a cuenta del ejercicio 2025. Córdoba aceptó, aunque advirtió que el acuerdo no resolvía el problema de fondo.
Según estimaciones privadas, la deuda real con Córdoba supera el billón de pesos si se computan los saldos impagos desde 2019. Para determinar el monto exacto, Nación y Provincia se comprometieron a realizar una auditoría técnica conjunta sobre los ejercicios 2019–2024. Si no hay avances concretos, el Gobierno cordobés advirtió que volverá a acudir a la Justicia para exigir el cumplimiento de los pagos.
Impacto político y económico
El anuncio le permite a Llaryora mostrar resultados concretos en su pulseada con Nación y fortalece su posición dentro del peronismo federal, en un contexto donde la mayoría de los gobernadores busca blindar sus cajas provinciales sin depender del humor del Ejecutivo nacional.
A diferencia de otros conflictos interjurisdiccionales que aún no se resuelven, Córdoba logró un primer desembolso parcial, que ahora se traduce en una mejora directa para los jubilados de menores ingresos. La decisión también llega como un gesto de redistribución en medio de un ajuste fiscal nacional, y puede interpretarse como una jugada para mantener el capital político de Llaryora en un electorado que reclama resultados antes que confrontaciones estériles.
