En la Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei anunció una reducción permanente de los derechos de exportación (DEX) para productos clave del agro. La medida fue celebrada como un gesto de cambio estructural en la política hacia el sector, aunque no logró disipar por completo el malestar entre productores que insisten en que la rentabilidad sigue comprometida.
El nuevo esquema de retenciones incluye una baja para la soja del 33% al 26%, para los subproductos del 31% al 24,5%, para el maíz y el sorgo del 12% al 9,5%, para el girasol del 7,5% y 5% al 5,5% y 4% respectivamente, y para las carnes vacuna y aviar del 6,75% al 5%. “Este es un modelo que viene a dejar de asfixiar a los que producen riqueza”, afirmó Milei, quien prometió que las alícuotas no volverán a subir “mientras yo esté en el Gobierno”.
Las principales entidades del agro —entre ellas la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CRA, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Asociación Cadena de la Soja (ACSOJA)— manifestaron su apoyo institucional a la decisión. Sin embargo, también emergieron críticas desde sectores más duros. El productor agropecuario y exfuncionario Néstor Roulet advirtió en redes sociales que, aun con las nuevas alícuotas, “los números siguen siendo rojos para muchos productores”.
El reclamo central no ha cambiado: la rentabilidad sigue siendo un problema estructural en varias regiones del país. No obstante, esta vez el Gobierno logró avanzar con una reducción de retenciones sin comprometer el equilibrio fiscal, algo que había resultado inviable en experiencias anteriores. Durante la gestión de Mauricio Macri, por ejemplo, las retenciones fueron eliminadas o reducidas en algunos cultivos, pero debieron reintroducirse en 2018 ante el agravamiento del déficit y la inestabilidad macroeconómica.
La actual estrategia oficial busca combinar austeridad estatal, superávit primario y estímulo a las exportaciones. El Gobierno dejó de lado las propuestas temporales o condicionadas —como bonos o promesas sujetas a recaudación— para consolidar una política permanente. “Las retenciones cero” continúan como objetivo, aunque para una eliminación total será necesaria la intervención del Poder Legislativo.
Aun con el respaldo conseguido, hay críticas pendientes sobre la relación del Ejecutivo con el campo: decisiones en organismos como el INTA, la demora en obras de infraestructura o la falta de programas productivos adaptados a las necesidades del interior son temas que las entidades rurales seguirán de cerca.
El mensaje de fondo, sin embargo, fue recibido con claridad. Como señaló un productor de Pergamino en redes sociales: “Es la primera vez en décadas que se empieza a desarmar el sistema de retenciones sin trampas ni anuncios vacíos. Se puede hacer sin populismo, y lo están haciendo”.
Milei ya había calificado a las retenciones como “un robo” y ratificó su compromiso de eliminarlas. En ese contexto, sorprendieron las críticas provenientes de sectores que conocen las restricciones fiscales actuales. Desde el oficialismo, apuntan a pensar en los desafíos productivos sin caer en cuestionamientos “con intencionalidad política”.
El Gobierno logró con esta medida no solo mantener el respaldo político del agro, sino también consolidar un vínculo que, según algunas lecturas, podría traducirse en apoyo electoral en las próximas elecciones de medio término. Si bien el voto del campo no es homogéneo, en muchas localidades del interior se reconoce que cuando al agro le va bien, el entramado económico local también se fortalece.
Argentina enfrenta un desafío que trasciende lo económico: se trata de transformar la estructura productiva. La agenda del agro excede el alivio fiscal. Reclama eficiencia, innovación, legislación moderna y sustentabilidad. Si se quiere avanzar hacia una “revolución agrícola”, como sugieren varios técnicos del sector, será necesario multiplicar los esfuerzos en biotecnología, energías renovables y acceso a recursos. La baja de retenciones puede ser solo el primer paso.
