La Casa Rosada anunció nuevas acciones penales contra compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización. Las denuncias podrían alcanzar a directores, gerentes y representantes. El Ejecutivo también impulsa cambios en la Ley 26.659 y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno prepara nuevas denuncias penales contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina que considera contrarias a las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.
La nueva ofensiva no se limitará a las compañías. Según informó el Ejecutivo, las presentaciones judiciales también buscarán individualizar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en las decisiones relacionadas con esas actividades.
La medida forma parte de la estrategia que Javier Milei viene desplegando en torno al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en áreas que la Argentina considera bajo su soberanía.
Nuevas denuncias y ampliación de causas
El Gobierno anticipó que las próximas acciones judiciales tendrán dos vías: por un lado, ampliarán procesos que ya se encuentran en trámite y, por otro, darán lugar a nuevas causas.
Hasta el momento, el Ejecutivo ya inició procedimientos contra más de 50 sujetos vinculados con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas.
La nueva etapa busca avanzar sobre la responsabilidad individual de quienes hayan participado en las decisiones empresariales.
El objetivo oficial es evitar que las eventuales sanciones queden circunscriptas a las personas jurídicas y alcanzar también a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en las actividades cuestionadas.
Desde la Casa Rosada ratificaron que utilizarán las herramientas disponibles para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que, según la posición argentina, vulneren los derechos soberanos del país.
Qué propone Milei para endurecer la legislación sobre Malvinas
La ofensiva judicial se complementa con un proyecto de reforma impulsado por el Gobierno que busca modificar el marco legal aplicable a las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas.
La iniciativa se estructura en tres ejes principales.
El primero plantea endurecer las penas previstas en la Ley 26.659 para las empresas que desarrollen actividades sin autorización y para los proveedores que participen de esas operaciones.
El proyecto también incorpora la posibilidad de recurrir al juicio en ausencia, en los casos en que resulte aplicable.
Un Consejo de Seguridad Nacional
El segundo eje de la propuesta apunta a crear un Consejo de Seguridad Nacional, con la función de coordinar las acciones de distintas áreas del Estado.
El organismo reuniría capacidades de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con el objetivo de articular una respuesta conjunta frente a situaciones que el Gobierno considere amenazas para los intereses nacionales.
La intención es concentrar en una estructura de coordinación las herramientas diplomáticas, militares, de inteligencia y económicas disponibles.
Herramientas económicas y diplomáticas
El tercer componente del proyecto establece que el Congreso otorgue al nuevo organismo herramientas económicas y diplomáticas específicas para responder ante eventuales amenazas.
El esquema no estaría limitado a acciones provenientes de otros Estados. También contempla la posibilidad de actuar frente a actores no estatales, como empresas u otras organizaciones involucradas en actividades consideradas contrarias a los intereses argentinos.
De esta manera, el Gobierno busca combinar la vía judicial con instrumentos económicos, diplomáticos y de seguridad.
Una estrategia que amplía el frente de presión
Las nuevas denuncias representan un nuevo capítulo de la estrategia de la Casa Rosada sobre Malvinas.
El enfoque combina acciones judiciales contra empresas y personas, mayores sanciones para quienes participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas y una estructura estatal destinada a coordinar las respuestas frente a lo que el Gobierno considere amenazas a la soberanía.
La decisión de avanzar también sobre directivos y responsables individuales marca, además, un cambio de alcance en las acciones judiciales: la intención oficial es que la eventual responsabilidad no quede limitada a las empresas involucradas, sino que pueda extenderse a quienes hayan tomado o ejecutado las decisiones cuestionadas.
