La medida corresponde a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones e incluye ocho tramos estratégicos en distintas provincias. Luis Caputo aseguró que las obras tendrán 100% de inversión privada. Misiones cuestionó la posibilidad de nuevos peajes.
El Gobierno nacional activó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y adjudicó a operadores privados 3.900 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en ocho corredores estratégicos. Con esta nueva etapa, la administración de Javier Milei aseguró haber alcanzado más de 9.000 kilómetros concesionados entre las tres fases del programa.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida y destacó que las nuevas concesiones contemplan “100% de inversión privada”. Según explicó, los 16 tramos estratégicos que quedarán bajo este esquema concentran cerca del 80% del tránsito del país.
“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de septiembre”, sostuvo Caputo. El funcionario planteó que el objetivo es avanzar hacia “más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas”.
Qué rutas fueron adjudicadas
La tercera etapa comprende ocho corredores distribuidos entre distintas regiones del país:
- Centro: rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba.
- Mesopotámico: rutas 12 y 18, en Entre Ríos.
- Centro Norte: ruta 34, en Santa Fe y Santiago del Estero.
- Noroeste: rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
- Litoral: rutas 12 y 16, en Corrientes y Chaco.
- Noreste: rutas 12 y 105, en Misiones y Corrientes.
- Chaco-Santa Fe: ruta 11, en Santa Fe y Chaco.
- Cuyo: ruta 7, en Mendoza.
El Gobierno busca así ampliar el esquema de participación privada en la infraestructura vial, en línea con su estrategia de reducir la participación directa del Estado en la ejecución y mantenimiento de obras.
La discusión por los peajes
La decisión también generó cuestionamientos desde las provincias. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el nuevo esquema implique un peaje sobre la Ruta Nacional 12.
“En un contexto difícil para todo el país, resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen”, sostuvo el mandatario provincial.
Passalacqua planteó que las rutas nacionales funcionan como “las arterias del desarrollo de las provincias” y pidió al Gobierno que revea cualquier medida que implique un nuevo costo para quienes utilizan la traza.
El planteo expone uno de los principales puntos de tensión que puede generar el nuevo modelo: la necesidad de financiar el mantenimiento y las obras sin trasladar un costo excesivo a las economías regionales y a los usuarios.
El estado de las rutas, bajo la lupa
La discusión sobre las concesiones se produce además mientras el estado de las rutas nacionales continúa generando reclamos judiciales y políticos en distintas provincias.
En Santa Fe, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, ordenó al Estado Nacional realizar la reparación integral y urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López. La resolución consideró acreditado el deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de conservación.
En Salta, una jueza solicitó a organismos de seguridad un informe sobre los siniestros viales registrados en unos 200 kilómetros de la Ruta Nacional 34, entre Urundel y Salvador Mazza, a partir de un amparo presentado en 2025 por el entonces senador nacional Sergio Leavy.
A esto se suman los reclamos de distintas provincias para asumir el control de determinadas rutas. Río Negro, por ejemplo, reclama el traspaso de las rutas 151 y 22, mientras que otras jurisdicciones ya avanzaron en acuerdos con Nación.
De esta manera, la tercera etapa de concesiones abre un nuevo capítulo en una discusión que excede el modelo de financiamiento de las obras: el estado de la infraestructura vial, el rol de las provincias y el costo que deberán afrontar los usuarios quedarán en el centro del debate mientras el Gobierno avanza con su plan de participación privada.
